El desplifarro púbilco (II)

Publicado en El Mundo el domingo, 22 de marzo de 2009

EL DESPILFARRO PUBLICO (II)
Unos 40 parlamentarios electos de otras provincias fuera de Madrid reciben una indemnización de 25.534 euros anuales para cubrir sus gastos. Sin embargo, todos ellos viven en la capital.
Los privilegios salariales de los diputados ‘cuneros’

Por Francisco Núñez

Unos 40 diputados no electos por la circunscripción de Madrid perciben, además de su sueldo constitucional (de 3.126 euros mensuales por 14 pagas, es decir, 43.771,28 euros anuales), otro salario (de 1.823,876 euros al mes, otros 25.534,04 euros al año) a título de «indemnización» de sus gastos de alojamiento y manutención en la capital (sede de la Cámara).Sin embargo, este colectivo, mayoritariamente compuesto por diputados del PSOE y del PP, tiene su residencia en Madrid.

De esta forma, estos diputados cobran casi mil euros más al mes de lo que perciben por este concepto los parlamentarios electos por la capital y que viven en la misma ciudad. E ingresan la misma cantidad que reciben los demás diputados de las provincias que sí tienen que trasladarse cada semana a la capital del Estado para asistir a las sesiones.

Se trata, según los juristas consultados, de un fraude de ley del que se benefician los denominados diputados cuneros, y sobre el que el propio poder legislativo hace oídos sordos. Además, está siendo copiado por la mayoría de los parlamentos autonómicos.

Entre estos paracaidistas con residencia en Madrid e impuestos por el partido para figurar en los primeros lugares de las listas electorales se encuentran: José Blanco, vicesecretario general del PSOE y diputado por Lugo; José Antonio Alonso, ex ministro de Interior, portavoz del PSOE en el Congreso y diputado por León; Mariano Fernández Bermejo, ex ministro de Justicia y diputado por Murcia; José María Michavila, ex ministro de Justicia y diputado del PP por Valencia; Angel Acebes, ex secretario general del PP y diputado por Avila; o Eugenio Nasarre, diputado popular por Jaén. También figura en este colectivo Luis Bárcenas, actual tesorero del PP y senador por Cantabria.

Según la información del Congreso, esta indemnización sirve para «afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara». En estos casos, no se cumple el objeto del alojamiento. Además, al contrario de lo que exige cualquier norma de contabilidad, tanto pública como privada, estas dietas no tienen que justificarse, como sí ha de hacer cualquier ciudadano.

En fuentes del Congreso se señala que «la Cámara [es decir, los propios parlamentarios] decidió dar una cantidad a mano alzada a los diputados para evitar que colapsaran los servicios administrativos con facturas».

Por su parte, en los partidos intentan justificar esta cantidad y dicen que incluye los desplazamientos de los diputados a actos políticos en sus circunscripciones. Sin embargo, en estas fuentes también se reconoce que este tipo de gasto los suele cubrir el partido. En cualquier caso, se añade, «no es un ejemplo de control ni de austeridad en los tiempos que corren» de recesión y de aumento del déficit público.

Según los juristas, debería revisarse y documentarse esta indemnización, y también la de todos los diputados, ya que sus señorías reciben esta paga por 14 mensualidades cuando la actividad parlamentaria se circunscribe a poco más de nueve meses. Además, la actividad parlamentaria semanal es de «unos tres días», según reconocen en el Congreso. Lo cierto es que cualquier empresa, preocupada con sus cuentas, mira con lupa este tipo de gasto y de que se abone si efectivamente se realiza el derecho.

Por tanto, se trata de un segundo salario en la mayoría de los casos, ya que, por si fuera poco, no tributa a Hacienda. Así se establece en el artículo 16.2 de la Ley del IRPF de 1998 (aprobada por los propios diputados), que extiende este dispendio fiscal a senadores, miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamientos, miembros de la diputaciones provinciales y cabildos insulares.

De ahí, que muchos ayuntamientos hayan decidido pagar dietas a sus representantes (no pagan impuestos) en lugar de asignarles un sueldo fijo. Mientras, algunos parlamentos autonómicos, como los de Cataluña o Galicia, han estirado aún más esta indemnización de gastos en lugar de subir más la nómina de los cargos electos que figura en los presupuestos.

Así, por ejemplo, los diputados catalanes cobran por este concepto 21.605 euros anuales. Esta cantidad se eleva a 28.090 euros si residen hasta 80 kilómetros de Barcelona; a 10.956, si viven entre 81 y 190 kilómetros; y a 30.411 euros si la distancia es superior a 191 kilómetros de esta ciudad. A esta cifra, hay que sumar los 43.698 euros de sueldo.

Por su parte, de los más de 4.300 euros que perciben mensualmente los diputados gallegos, casi 2.200, más de la mitad, los cobran a titulo de «gastos de alojamiento y manutención».

Por lo tanto, toda la clase política puede disponer de esta prerrogativa ante Hacienda de la que no gozan los demás contribuyentes. Por ejemplo, las dietas de manutención de un comercial que tiene que desplazarse a otro lugar distinto del habitual puesto de trabajo tiene que pagar al fisco todas las cantidades que superen los 53,34 euros diarios si pernocta, y a partir de 26,67 euros si no pasa noche fuera.

Los gastos por transporte también corren por cuenta de las diferentes cámaras.

Sueldos por cese

Ante el desgaste que supondría abrir el debate público sobre el sueldo de los políticos, los legisladores no han parado en los últimos años de aprobar normas que les favorecen y que emplean para complementar su nómina o una salida airosa cuando dejen el cargo. En la última legislatura, los diputados y senadores ‘se aprobaron’, mediante una Resolución de las Cortes Generales, un Reglamento de pensiones y otras prestaciones en favor de los ex parlamentarios. Entre otras cosas, se han garantizado la pensión máxima pública con siete años de actividad (los demás ciudadanos necesitan cotizan 35 años). Y también se establecieron el cobro de una indemnización por cese por disolución de las Cámaras en el supuesto de que no figuraran en las listas de los partidos o que no resultarán elegidos. Según fuentes del Congreso, 103 ex diputados solicitaron el año pasado esta indemnización. Sin embargo, la cifra disminuyó porque sus respectivos partidos les ofrecieron otros cargos incompatibles con esta remuneración de cuatro meses de sueldo por legislatura.